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Coronavirus y políticas públicas por Oscar Sumar

  • Coronavirus y políticas públicas

El director de la carrera de Derecho, Oscar Sumar, redactó una columna de opinión en el diario Gestión, acerca de las decisiones que el Estado realiza ante la pandemia del Coronavirus. Además, explicó por qué considera que los especialistas deberían ser los protagonistas de la mesa de decisiones de nuestro país y las posibles consecuencias.

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Cuando hablamos de política públicas, básicamente hablamos de la extensión y modo en que las decisiones individuales se reemplazarán por decisiones públicas. Nuestro país no tiene un buen record de políticas públicas. Muchas veces, nuestros “tomadores de decisiones” deciden intervenir cuando no deben; o, no intervenir, cuando deberían hacerlo. Además, cuando eligen intervenir, muchas veces se equivocan al escoger la mejor alternativa. La pandemia que sufrimos actualmente, es una buena oportunidad para afinar nuestros sentidos y entender algunos principios que deberían guiar la toma de decisiones.

Una primera e importante decisión que debieron tomar nuestros países es qué tan seria debería ser considerada la amenaza del Covid-19. Si nos basábamos en la evidencia existente hace semanas, no existía certeza sobre la gravedad del asunto. Muchos estuvieron tentados a minimizar los hechos, llamándolo una “gripe fuerte”. Sin embargo, el “principio precautorio” (en su versión fuerte), nos conmina a considerar como una certeza cualquier probabilidad de desastre. Es decir, ante la duda, consideremos que la amenaza es sumamente grave.

Un siguiente paso es decidir qué alternativas tomar. ¿Debemos cerrar el país o solo adoptar medidas de prevención e higiene? Nuevamente, de la mano del principio precautorio, existe el llamado “no-regrets policy”, por el cual, las medidas adoptadas, por exageradas que parezcan, están justificadas. Este principio no es extraño a las técnicas de análisis de calidad regulatoria. Habitualmente, las políticas se juzgan sobre la base del “análisis costo-beneficio” (ACB). Una situación como la actual, nos podría impulsar a dejar de lado el ACB y adoptar un método de análisis que privilegie el riesgo, sobre el balance económico.

Sin embargo, esta perspectiva pasa por alto dos cosas: (i) por un lado, no se puede desligar el balance económico de la evaluación del impacto sobre la salud (o la vida). Un declive drástico en el PBI, podría significar incluso más muertes que las causadas por el virus mismo; y, (ii) por otro lado, las medidas adoptadas deben ser evaluadas racionalmente. Es decir, no toda medida que “parezca” conseguir un objetivo, en realidad lo consigue. Por ejemplo, prohibir el acaparamiento y la especulación, podrían tener el efecto inverso al buscado. Incluso más importante, frenar completamente el contagio del virus, podría ser perjudicial en el largo plazo, dado que no desarrollaríamos “herd inmunity” y el virus podría volver (Joshua Gans, para The MIT Press Reader, 2020). 

Esto también nos enseña lo problemático que es poner objetivos extra-económicos por encima de la eficiencia. En Perú, hablar de “mercados especiales” donde no aplica la ley de la oferta y la demanda, es pan de cada día.

Otro principio involucrado en un análisis como éste es lo que llamamos “skin in the game” (Taleb), por el cual, para tomar una decisión adecuada, los reguladores deben tener interés directo en el resultado. Por ejemplo, ellos deberían sufrir directamente las consecuencias de nuestros sistemas de salud o transporte defectuosos.

Otro punto es que una situación como la actual, resalta la importancia de la evidencia para la toma de decisiones. Los políticos deben aprender a confiar en los expertos (trayéndolos a la mesa donde se toman las decisiones, sin soberbia) y los académicos (científicos) deben aprender a influir en la política pública, comunicando eficazmente.

Finalmente, sobre la reacción de Perú, es pronto para comentar, porque aún no sabemos el desarrollo que tendrá el tema. Algo que debe quedar claro es que estamos frente a un dilema, en el que no existe una salida feliz. Sin embargo, parece existir cierto consenso sobre la combinación entre diagnosticar de forma agresiva (rápida y masivamente) y luego “tracear” a las personas para comprobar cómo se mueve el virus.